Nota de opinión publicada en La Voz del Interior el 30/09/10

Al decir de Ortega y Gasset en la Rebelión de las Masas “La salud de las democracias depende de un mísero detalle técnico, el mecanismo electoral.”

En el año 2007 el gobierno convocó a una comisión de expertos integrada por constitucionalitas, politólogos y los rectores de la Universidad Nacional y Católica de Córdoba para que de manera conjunta con los partidos políticos y organizaciones del tercer sector elaboraran un dictamen de avanzada en materia de reforma política en la provincia. El resultado arrojó un dictamen denominado ASI NO VA MÁS en el que se le sugería al gobierno 18 reformas constitucionales y modificar 35 leyes provinciales. El dictamen entendía que el voto electrónico era una respuesta saludable pero paulatina y a futuro.

De lo dictaminado el gobierno solo incorporó en su proyecto legislativo aprobado en el 2008 algunas sugerencias como ser: la boleta única, la eliminación de las sumatorias, el control del gasto de las campañas y su financiamiento público.
Los proyectos de “reforma a la reforma” política aprobados por la mayoría oficialista en la legislatura tiraron por tierra toda la propuesta anunciada con bombos y platillos en el 2008. El único móvil del gobierno para sancionar la reforma política en aquella oportunidad, fue la crisis de legitimidad que lo comprometía por las denuncias de fraude en las elecciones de septiembre de 2007. Schiaretti nunca tuvo la intención de mejorar las condiciones institucionales de la democracia cordobesa.
La incertidumbre que genera: no saber cuándo se va a votar ni cómo habremos de hacerlo, las intempestivas y apresuradas modificaciones de las reglas de juego, los cambios de los plazos y el avance apresurado al voto electrónico, sumado a la falta absoluta de consensos en esta materia pone al fraude en la puerta de las elecciones del 2011.
La creación del nuevo fuero electoral no da las garantías de imparcialidad requeridas. La primera instancia será conformada por el Juez electoral y por otros dos jueces de cualquier fuero elegidos, no se sabe como, por el Tribunal Superior de Justicia, y el tribunal de alzada estará en manos de la Cámara Contencioso Administrativa que, en el caso del año 2011, por ser un año impar, le tocara a la cámara de segunda nominación que recientemente rechazó los amparos presentados por diversas ONG en busca de información que hace a la transparencia de los actos del gobierno cuyo derecho esta consagrado en el articulo 1 de la ley 8803.
La suspensión de un plumazo de todo el título de la ley, referido al control de los gastos de las campañas y su sostenimiento con financiamiento público, cuyos objetivos eran mayor igualdad y transparencia en los procesos electorales, tiene un claro beneficiario, el gobierno provincial y nacional en el uso indiscriminado y escandaloso de los fondos públicos para promocionar sus campañas y poner en valor el “aparato clientelista”.

Estoy convencido de que el voto electrónico es el voto del futuro, pero no, el del presente. En esta materia cambiar con prisa es arriesgarlo todo, la implementación debe ser paulatina y a lo largo de una década. La experiencia en Marcos Juárez en donde de 60 urnas electrónicas en 32 hubo problemas de distinta naturaleza que provocó que la Junta Electoral Municipal faculte a la empresa INDRA a que trabajara en la solución de los “desperfectos técnicos” sin la presencia de los fiscales informáticos, sumado a la dificultad de los partidos políticos de contar con fiscales informáticos entrenados en la cantidad requerida, hace inviable la propuesta en los tiempos que restan.
En materia del voto electrónico se debería haber discutido primero el sistema, sus especificidades, el marco legal y luego licitar quien eventualmente lo ejecute y no ir hacia una modelo conforme la oferta existente. Esto pone en serio riesgo la transparencia del sistema y despierta la sospecha de que el gobierno lo que busca es privatizar el sufragio.

El cambio arbitrario y carente de argumentación de los plazos electorales pone al descubierto la especulación del partido Justicialista que se debate entre los siguientes intereses: El de Néstor Kirchner por que la elección en Córdoba sea en Octubre junto con la nacional; el de José Manuel De La Sota por que sea en junio y separada de la mochila Kirchnerista; y el de Schiaretti por terminar su gestión con fondos nacionales que le sirvan para inaugurar plazas, trasladar la casa de gobierno, iluminar calles céntricas, flores, globos y mucha pero mucha publicidad.

La reforma actual y la del 2008 a esta altura se torna impracticable y su implementación de manera arbitraria, sin consensos y alocada nos pone a las puertas de un Fraude.