Sesión 06/11/08

“Señora presidenta: quiero expresar el desagrado de este bloque respecto de lo que creemos es una falta del cuerpo al reglamento.

Desde principios de año hemos venido observando que los grandes temas de este país que este Parlamento ha tratado, como ser las retenciones agropecuarias, la transformación de Aerolíneas Argentinas, el presupuesto nacional, la movilidad jubilatoria y hoy este proyecto de reforma del sistema previsional, se han considerado, todos, en sesiones especiales.
Esto significa que una excepción del reglamento la estamos convirtiendo en una regla; significa que estamos cercenando el derecho de las minorías. Los siete días previstos en el reglamento, desde que sale el despacho de comisión hasta que el cuerpo en sesión de tablas puede tratar el tema, tienen que ver con el derecho de que quienes no son miembros de la comisión puedan hacer observaciones al dictamen, para que estas observaciones después puedan ser llevadas al recinto y el diputado que las hizo tenga derecho a hacer uso de la palabra
La sesión especial tiene dos características: se hace por un hecho de suma gravedad y de urgencia, o por el derecho que asiste a las minorías de tratar un tema en soledad, como lo hemos hecho muchas veces en este año cuando no teníamos la oportunidad de llevar el tema al recinto por carecer del número necesario.

Es cierto que hay antecedentes, y no son buenos, sean o no del partido al que pertenezco, pero creo que no debemos seguir repitiendo los errores. Debemos evitar que este cuerpo siga sesionando en sesiones especiales, que además no requieren para el tratamiento de los temas, por una interpretación equivocada, de los dos tercios.
En ese sentido hay un proyecto de la señora diputada Vilma Ibarra, presentado este año, para modificar el artículo 113, expresando en sus fundamentos la necesidad de no reducir el plazo para formular las observaciones. La finalidad de ese instrumento es brindar posibilidad de emitir opinión a los legisladores que no integran las comisiones emisoras del dictamen.
Quizás muchos no entiendan que el debate político tiene poco que ver con el debate parlamentario. El debate político es el que se da en los comités, las unidades básicas, las calles, los bares, las universidades, etcétera; en él uno habla y a lo mejor otros escuchan, o no.
El fin del reglamento tiene que ver con el debate parlamentario, que es el que estamos reclamando, porque en este tipo de debate uno habla y otro escucha para mejorar una norma de convivencia que es la que se sanciona en este recinto. Acá no se emite opinión, no se hace un comentario sino que se dictan reglas de juego con las cuales convive la sociedad argentina. Por eso en el debate parlamentario es necesario escuchar al otro para ver si la norma que se va a dictar y que después reglamentará nuestras vidas puede ser mejorada o no.

No hay que obviar el debate parlamentario y hay evitar que el monarca se meta en nuestro reglamento. Respetar los tiempos del Parlamento implica un respeto a nosotros mismos. Por eso pido al cuerpo que no matemos al reglamento…”
“…la verdad es que esta iniciativa da para hacer una síntesis de lo que ha pasado en el país en los últimos cuatro años. Pero no puedo dejar de decir, desde el bloque más chico que ha tenido en su historia la Unión Cívica Radical –de veinticinco diputados nacionales-, que jamás este partido propuso ni propondrá que el ahorro de los trabajadores sea entregado al lucro privado.
En el año 1957 el bloque del partido radical fue autor del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que consagró la obligación del Estado de garantizar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable.
El radicalismo optó y optará siempre por el sistema estatal por una sencilla razón: el fondo de la cuestión o la filosofía del problema es que el Estado debe garantizar la seguridad social. En este caso no lo debe hacer un privado, porque el privado tiene fines de lucro y el lucro va en detrimento de los intereses de los trabajadores.
Señor presidente: en realidad no estamos tratando una ley previsional. Y voy a hacer una confesión: el día que se anunció que se mandaría este proyecto al Congreso Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Massa, llamó al presidente de mi partido, al presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical y a quien les habla y nos dijo que este era un proyecto que se podía debatir, que podíamos intercambiar posiciones y que estábamos hablando de la reestructuración de uno de los pilares que sostienen el andamiaje del Estado. ¡Vaya si es así! El sistema previsional maneja el 40 por ciento de los recursos primarios del país.
Nosotros somos y seguiremos siendo un partido de buena fe, y nunca pudimos suponer que lo que se pretendía era una foto con la oposición, una oposición que en cinco años jamás entró a la Casa de Gobierno. Por suerte nos dimos cuenta a tiempo y no aceptamos ni las fotos ni el falso debate. Le pedimos una audiencia al señor ministro y jamás nos contestó. Es grave lo que estoy diciendo, señor presidente, porque vivimos en un sistema democrático donde hay oficialismo y oposición.

Cuando las leyes se dictan por una mayoría circunstancial, les pasa lo que le pasó a la ley de Menem: se caen porque no hay compromiso para el futuro. El debate tiene que ver con los consensos. Las leyes dictadas sin consenso duran lo que duran esas mayorías circunstanciales, salvo que haya partidos políticos –esto habrá que discutirlo en el futuro en la Argentina- que en un momento presenten un proyecto y en otro momento presenten otro proyecto absolutamente distinto, denostando el anterior.
Reitero que no presentamos ni presentaremos jamás un sistema que tenga que ver con la administración privada de los ahorros de los trabajadores.
El problema de fondo no es el sistema previsional. El sistema previsional que está hoy en discusión es el Plan “D”. Lo cierto es que hubo tres planes anteriores.
Hace cuatro años que venimos hablando del tema, con la fortaleza más grande que tuvo este gobierno en la historia. Fueron pocos los que tuvieron la fortaleza fiscal que tuvo este gobierno hace cuatro años. Si se revisan las actas de los debates de ese tiempo se encontrarán estos discursos: “Ojo, no desaprovechemos el viento a favor; ojo, que cuando esto pase vamos a pedir cuentas acerca de dónde nos dejaron.” Y estamos en el tiempo de la rendición de cuentas.
En septiembre del año pasado hubo una luz amarilla en el tablero: dejó de crecer el empleo en la Argentina. Y este año se han producido dos o tres hechos graves. Se han fugado del país cerca de 20 mil millones de dólares. Además, en el segundo trimestre de este año, la inversión bruta reproductiva cayó a la mitad.
Siempre dijimos que este modelo sin inversiones se moría. No hubo inversiones. Y además la balanza comercial con Brasil este año cerró con un récord deficitario: 4 mil millones de dólares.

Quiero recordar que cuando asumió el presidente Kirchner la balanza comercial tenía un superávit de 200 millones de dólares. Cuatro o cinco años después el déficit es de 4 mil millones de dólares. Además, la balanza comercial industrial, es decir, los bienes con valor agregado, este año cierran en la Argentina con un déficit de 30 mil millones de dólares. Les digo a los compañeros gremialistas que 30 mil millones de dólares en una balanza comercial e industrial deficitaria significan miles de puestos de trabajo que compramos al exterior.
Cada bien importado de esos 30 mil millones de dólares son puestos de trabajo extranjero que se pagan impuestos argentinos y que sustituyen la ocupación de nuestros compatriotas.
Ese es el problema; no el fracaso del modelo. ¡Ojalá se hubiera aplicado el modelo! Precisamente el modelo que la presidenta levantó en la campaña electoral: el productivista, el del desarrollo de la economía y el industrialista. Este modelo no fracasó porque nunca se aplicó en la Argentina.

Este gobierno volvió al viejo modelo populista de subsidios al consumo. En vez de incentivar la inversión -esa que produce bienes, puestos de trabajo, salario y mercado interno- hicieron otra cosa.

Es lo que prometió la presidenta, motivo por el cual hace cuatro años que le venimos diciendo: “Señora presidenta: no está cumpliendo con lo que dijo; ojo que el modelo se le cae.”

En términos marinos este era un barco a vela con un fuerte viento a favor. ¡Es bueno tener viento a favor! ¡Muy bueno! Los países inteligentes aprovechan el viento a favor. El viento sopló, mejoró el empleo, el ingreso y la economía. Lo que ocurre es que el tiempo no se pierde cuando en el transcurrir del viento se generan condiciones como para que cuando pare el barco siga andando.
Y se vino la noche: de golpe se paró el viento. Una tragedia mundial; el viento se detuvo y no hay motor que siga haciendo navegar el barco. Este es el problema.
Esa es la oportunidad que se perdió: no haber creado las condiciones para que el barco por sí solo siguiera navegando sin viento a favor. Ahora vamos a sufrir las consecuencias.
Advertido el gobierno de esas condiciones, dijo en el mes de marzo: Plan “A”. Retenciones al sector agropecuario. Había que hacerse de la caja para que la fragilidad fiscal pudiera reconvertirse y el país no entrara en default.

Fracasó el Plan “A” de las retenciones agropecuarias. Entonces tratamos de ir al Plan “B”: Club de Paris. Hay que recordar lo del anunciado pago al Club de Paris.

En el año de la campaña, la presidenta fue a Alemania. La canciller de Alemania, la doctora Angela Merkel, que atendió muy cortésmente a nuestra presidenta ‑que en ese tiempo estaba en campaña‑, le dijo: “Las cosas están muy bien, pero la Argentina tiene deudas con Alemania. Vaya y pase por el Club de Paris.”
Tres meses después nueve diputados nacionales fuimos a Alemania. Todo esto figura en el Diario de Sesiones de esta Cámara. El secretario de la Cancillería para Latinoamérica nos dijo: “La Argentina es un país irrelevante para las inversiones alemanas y además no paga sus deudas.” De manera que fracasó el plan B de pagar al Club de Paris para conseguir inversiones y además créditos.

Entonces fuimos al plan C, los holdout, para el mismo tema: reprogramar vencimientos y conseguir crédito. Pero el plan C fracasó.

Ahora vamos por el plan D: el ahorro de los trabajadores. El problema es el mismo: la economía no genera los recursos suficientes para que el país tenga fortaleza fiscal y pueda hacer frente a sus compromisos externos fundamentalmente.
Tal como le dijimos a Massa ‑y lo reitero en este recinto‑, este partido no hubiera tenido ningún inconveniente en discutir el fondo de la cuestión. Si el país tiene fragilidad fiscal en sus cuentas externas, acá está la Unión Cívica Radical para discutir el problema, incluso con el ahorro de los trabajadores, pero con ciertas garantías, no de cualquier manera. No es posible que aquel partido que dice defender a los trabajadores tenga una inflación del 24 por ciento y la ANSES le preste el dinero al gobierno al 8 por ciento. Esto es una estafa al ahorro de los trabajadores. En esas condiciones los recursos de la ANSES se van a licuar. Con una inflación del 24 por ciento el gobierno no puede apropiarse de los fondos previsionales al 8 por ciento. Entonces, es falso que se defienda el ahorro de los trabajadores. Así como el gobierno aumenta los salarios al ritmo de la inflación, ¿por qué no toma el dinero de los trabajadores a la misma pauta inflacionaria? Esa es la estafa; ese es el engaño.
Pero además hay otra cuestión de fondo que va a lesionar los intereses estratégicos de la Argentina en los próximos años. ¿Saben qué es lo que generan las maneras en que se hacen de la caja, violando la Constitución Nacional y el derecho de propiedad? Desconfianza, la palabra clave del pacto social. Las sociedades tienen un pacto moral que significa que cada uno de nosotros decidimos vivir juntos y convivir en un mismo escenario. Eso es un pacto moral. Luego ese pacto se traduce en un pacto escrito, que es el famoso contrato social de Rousseau; se trata de la Constitución Nacional. Todos hacemos votos de cumplimiento de ese pacto, y ese pacto tiene un núcleo, un tronco genético: la confianza. Nadie puede vivir en sociedad si no confía en el otro. Yo no estaría sentado al lado del diputado Morini si no confiara en él. Es la base del acuerdo; es la base del contrato social. Esta ley quiebra la confianza.

Ríanse, señores diputados. A pesar de las risas, el desafío es que vayan a pedir crédito o a buscar inversiones sin confianza. Ya van a ver cómo nos va a ir a los argentinos cuando los de afuera nos digan: “ustedes no son confiables; ustedes son un país que no cumple los acuerdos y no respeta la propiedad privada.”

Ya cometimos el latrocinio de apoderarnos de los plazos fijos –todos lo recordamos-; ahora se da un zarpazo a la caja de los trabajadores y también a una actividad privada establecida por una ley dictada en un Congreso democrático. Esto es lo que defendemos: la legitimidad, la legalidad, y además tratamos de impedir la disolución del pacto social. ¿Acaso no han visto que en la Argentina hay un estado de asamblea? ¿No ven a la gente en la calle?

¿Saben lo que es la asamblea pública? La incertidumbre. Ríanse. Hace cuatro años que les digo lo mismo. Es como que pusimos el clavo en el cajón. Desgraciadamente –lo digo con mucho dolor- no hay sistema que se mantenga sin inversiones. Muchos de los que están aquí conocen este tema a fondo: sin inversiones no hay forma, no se sale, y las inversiones no vienen solas, no vienen por arte de gracia. En estas condiciones no viene el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Merkel, Bush ni Obama; tampoco las inversiones extranjeras directas, ni siquiera las nacionales Nadie va a venir a la Argentina si no hay reglas de juego y si no se respetan los derechos de los demás.
Otro tema que quería tocar es la cuestión federal. Debemos decir con todas las letras –no sé si lo sabe el señor diputado Rossi‑ que la ANSES tiene un déficit del 50 por ciento. ¿Saben quién financia el otro 50 por ciento? Su provincia, mi provincia y el resto de las provincias argentinas.

Además, tengo que darles una mala noticia: los impuestos que sostienen esas afectaciones específicas están vencidos. Este Congreso lo trató y sancionó por última vez en 2006. Hay que tratarlo de nuevo, porque si no los señores gobernadores van a tener problemas, ya que están perdiendo recursos propios sin que haya una ley que lo respalde. La Nación se está apoderando de los recursos de las provincias sin legitimidad legislativa. Estos recursos deben asignarse mediante la sanción de leyes especiales, que tienen un plazo de vigencia.
Recordemos que la última ley que legitimó –entre comillas‑ esos impuestos fue el presupuesto 2006, que es una ley general, no especial. Esa norma no se renovó en 2007 y tampoco en 2008. Por lo tanto, les anticipo a los gobernadores que van a tener que pelear por sus recursos.
Finalmente, quiero hacer una apelación para la búsqueda de diálogos y consensos. No he puesto ninguna chicana; simplemente pensamos distinto, por más que a alguno no le guste lo que digo. Debemos entender que ninguna sociedad se puede construir sin diálogo y sin consensos. El diálogo y el consenso buscan la forma de que la convivencia sea más pacífica, de que haya inversiones y de que la economía funcione. Como dijera algún presidente americano “Tonto, es la economía”. Desgraciadamente, es la economía.
Voy a cerrar mi exposición con una frase pronunciada hace apenas una semana por el ilustre ex presidente Raúl Alfonsín, que viene bien para celebrar la realización de esta sesión. Dijo Alfonsín: “Es imprescindible, entonces, que nos demos cuenta de que tenemos que trabajar juntos, que es necesario el diálogo, pero diálogo no solo entre el gobierno y la oposición, sino dentro de la oposición. El gobierno, que tiene la enorme responsabilidad como promotor del debate permanente, no puede de ninguna manera sentirse el realizador definitivo de la Argentina del futuro porque ha ganado una elección”.